Siguen en peligro los fondos del 9-1-1

A pesar de que desde el 30 de mayo de este año se aprobó en el Senado de Puerto Rico el proyecto de ley 1059, que busca detener el desvió de fondos del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, aún siguen en peligro, pues la Cámara de Representantes no ha visto el proyecto.

“Desde el pasado 30 de mayo está en manos de la Cámara de Representantes, particularmente en manos del representante Antonio “Tony Soto”, el proyecto que detendría de una vez y por todas el desvío de fondos s que viene sufriendo el Sistema de Emergencias 9-1-1 desde el 2014 a raíz de la aprobación de la Ley 66 que permite que se saque dinero del 9-1-1 para ser utilizados en asuntos relacionados con la atención de llamadas de emergencias. Ley que incumple los estatutos federales que claramente indican que los fondos destinados para el Sistema de Emergencia solo se pueden usar única y exclusivamente para ese fin” denunció Aramis Cruz, presidente de la Local 3010 de Communications Workers of America —unión que representa a los empleados del 9-1-1. 

Los estatutos federales a los que el presidente de la unión hace mención son la ley federal NET 9-1-1 Improvement Act of 2008  que reafirma que los recaudos obtenidos por concepto de los servicios del Sistema de Emergencias 9- 1-1 deben ser utilizados única y exclusivamente para esos fines y el Enhance 9-1-1 Act of 2004, que expresa que cualquier ayuda federal que reciban los sistemas 9-1-1 estatales y de los territorios se podrán usar solamente para estos y, de usarse para otros fines, perderán la elegibilidad para esos fondos. El 911 perdió elegibilidad cuando se desviaron los fondos en el 2014 y 2016 (24 millones en esos 2 años).

“Desde siempre se ha sabido que hay leyes federales que establecen que los fondos del 9-1-1 son solo para usarse en el Sistema de Emergencias. Incluso, nos hemos reunido hasta con la Directora Ejecutiva de Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, quien indica y reafirma que dentro de los recortes de propuestos por la propia Junta no están vislumbrados recortes al Sistema 9-1-1 porque esos fondos solo se pueden usar para el Sistema” añadió. 

Cruz Domínguez explicó que el proyecto de ley aprobado en el Senado, que busca enmendar 3 políticas públicas ( ley 20, ley 26, ley 3) que permiten hoy la desviación de fondos 9-1-1 y aplicar medidas de reducción al Negociado de Sistema de Emergencia, fue presentado por el sindicato y radicado por petición por los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot.

Por otro lado, el líder sindical agregó que la intención del Gobierno es mover los fondos del 9-1-1 al Departamento de Hacienda, pero dudan y cuestionan de la capacidad de Hacienda para emitir los pagos pertinentes a los suplidores y la garantía de que no se trastoquen esos fondos.

“El 9-1-1 es el primer punto de contacto que tiene el ciudadano al momento de confrontar una situación en donde está en un inminente peligro, por tal razón, los servicios no pueden ser interrumpidos y sus fondos siempre tienen que ser transparentes y estar siempre disponibles. Si mueven los fondos a Hacienda, ¿qué capacidad tendrá el 9-1-1 para emitir pagos a suplidores? ¿se pagará a tiempo? ¿el Departamento de Hacienda estará al día con los suplidores del gobierno? que garantía existe que los fondos 9-1-1 no sean congelados o desviados por el hecho de pertenecer al departamento de Hacienda?” cuestionó Cruz. 

Cruz Domínguez insistió que el mover los fondos al Departamento de Hacienda crearía un desbalance en el servicio, no tan solo en el área del Centro de Recepción de Llamadas, sino también, con los empleados del área de administración ya que no tendrían los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones de coordinar servicios por estar sujetos a la burocracia del Departamento de Hacienda.

El presidente del gremio insistió en que la única forma que existe para resolver el problema en el Sistema de Emergencias 9-1-1 es que la Cámara vea y apruebe el proyecto del Senado 1059 tal y como lo presentó el sindicato. 

“De la única manera que se arregla el problema que viene arrastrando el Sistema del 9-1-1 y que pone en riesgo la vida de todas las personas que necesitan el servicio que se ofrece, es que la Cámara apruebe el proyecto del Senado para que pase a la firma de la gobernadora Wanda Vázquez. No podemos seguir permitiendo que el dinero del 911 se siga utilizando en cosas que no son mientras se sigue generando un desajuste financiero en la agencia, donde cada día hay más falta de personal y de recursos y donde se afectan principalmente el tiempo de espera de las llamadas y el tiempo de respuesta de las ambulancias. El desvío de los fondos ya ha afectado el servicio a las personas porque particularmente el dinero que se asignaba a los municipios para que fueran la respuesta rápida del 9-1-1 en emergencias ya no está disponible. Es momento de dejar de jugar con la vida de nuestro pueblo, es momento de actuar ya” sentenció. 

Cruz Domínguez añadió que parte del dinero desviado del Sistema de Emergencias 9-1-1 se utilizó para la compra de guaguas asignadas al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y al Negociado de Ciencias Forenses y para pagar el sueldo de una ayudante especial adscrita al DSP que no es empleada del Sistema del 9-1-1.

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