Desde el principio hubo chanchucho en el contrato del Fondo con Coopharma

El administrador del Fondo, Jesús Rodríguez Rosa, aprobó el 23 de marzo de 2018, la solicitud para autorizar la “adquisición de bienes y servicios no profesionales” para la entrega de medicamentos a los lesionados mediante la red de CooPharma por $5 millones anuales, desde el 2018 al 2028, pero no fue hasta tres días después que se emitió el Aviso de Subasta por invitación en lugar de ser una subasta abierta.

El Aviso de Subasta RFP 2018-03 por invitación, describiá la intención del Fondo de contratar a CooPharma y no de abrir una subasta pública para que otras empresas o grupos de farmacias de la comunidad sometieran sus propuestas.

Las “condiciones especiales” del RFP 2018-03 establecían que la Corporación decidió usar el proceso de requerimiento de propuesta económica directa y exclusivamente a CooPharma amparándose en dos leyes del cooperativismo (Ley 239 de 2004 y Ley 247 de 2008). El 10 de diciembre de 2018 la Junta de Subastas recomendó el contrato a la red de Coop. Farmacias Puertorriqueñas “en su totalidad”.

El presupuesto aprobado para la propuesta fue de $7.5 millones anuales hasta el año 2022-23, para un total de $37.5 en cinco años. El Fondo emitió el Aviso de Adjudicación al día siguiente (12-dic.-2018) y en menos de un mes (23-ene.-2019) la Junta de Directores de la CFSE declaró una “emergencia” y otorgó el contrato de emergencia a la misma red de farmacias. A prácticamente un año de la publicación del aviso de subasta, el 23 de abril de 2019 la Corporación otorgó el “contrato de emergencia para la prestación de servicios de farmacia” a través de CooPharma.

El supuesto estado de “emergencia” se amparó en renuncias de farmacéuticos, puestos vacantes, y la alegada poca disponibilidad de licenciados en farmacia en ocasiones anteriores, lo cual había afectado los servicios, pero a la Unión no se le proveyó un memorando que justificara una emergencia, lo cual viola la sección 9.5 del Reglamento de Compras de la Corporación. El contrato también se refiere a un análisis financiero y operacional que no consta en los expedientes.

No bien fue anunciado el acuerdo, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) emitió el 29 de abril pasado una opinión certificando que el contrato cumplía con el plan fiscal conforme a la información provista por la CFSE, aunque no evaluó su legalidad. La JSAF sí impuso requisitos adicionales para la transición de cierre de todas las farmacias, con excepción de la del Hospital Industrial, que debe mantenerse por ley.

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