Aumenta el controversia por las pensiones

El gobernado Ricardo Rosselló asegura que ni la Legislatura ni él, aprobará legislación para cambiar las leyes, mientras que la JCF afirma que la reducción que ellos solicitan será solucionado en el Tribunal Federal. Las posturas asumidas por ambas partes resuenan a la controversia que hubo cuando la junta pretendió eliminar la Ley 80 que protege a los empleados del despido injustificado.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, menciona que el tema de las pensiones se resolverá en los tribunales, específicamente en la sala de la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal. Sin embargo, el gobernador sostiene que el problema va mas allá de los tribunales.

Sin embargo para el gobernador afirma que el asunto va más allá de los tribunales. Aseguró ayer que una propuesta de reducir las pensiones eventualmente requerirá una aprobación legislativa. Y, dijo, esto no va a suceder. El gobernador había anunciado que radicaría el presupuesto enmendado ayer, pero al cierre de esta edición no estaba sometido ante la junta.

Rosselló recordó que las pensiones saldrían ahora del fondo general y dijo que “yo estaría articulando de manera clara que esa reducción en pensiones no va”.

“La junta podría coger los $2,000 millones y decir que lo van a bajar a $1,800 millones y, si hacen eso, entendemos que están tomando una acción ultra vires (ilegal) porque hacen un plan de ajuste preajuste y lo vamos a retar en corte”, dijo. “Vamos a ver cómo resolvemos el problema. Por los pensionados, voy a tomar todas las acciones que tenga que tomar. De ser una u otra la que prevalece, los próximos pasos los seguiré delineando”.

Lo que el gobernador no está dispuesto a hacer, sin embargo, es paralizar el financiamiento a la junta desde el fondo general. Esto, dijo, iría en contra de lo que establece la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa por sus siglas en inglés).

Roselló Nevarez, continua con su llamado a los grupos y gremios que representan a los pensionados para que no lleguen a acuerdos que menoscaben las pensiones. Insistió en que su administración ha reducido el gasto para poder pagar estas pensiones desde el presupuesto. El plan fiscal certificado por la junta propone una reducción a las pensiones.

Christian Sobrino, portavoz del gobierno ante la junta, dijo por su parte que “la Ley Promesa no permite que en esencia el tribunal reescriba todos los tomos de las leyes de Puerto Rico a través del plan de ajuste. La junta carece de facultad para implementarlo unilateralmente”.

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